La juez Pilar de Lara, acaba de notificar un auto con escasos precedentes contra el maltrato animal por el que dicta orden de alejamiento de dos vecinos de Lugo con respecto a su perra decomisada -a la que supuestamente defenestraron- La distancia mínima a la que pueden acercarse son 500 metros. También prohíbe a los investigados aproximarse a cualquier persona que pueda asumir la custodia de la víctima, y la tenencia de animales mientras se prolongue la instrucción.
La decisión judicial está justificada por la conducta de los dueños que ya en un primer momento exigieron a los veterinarios su devolución y negaron que se prestara la asistencia sanitaria cuando la Policía Local trasladó al can para que recibiera primeros auxilios.
La juez ha dictado un auto demoledor en el que a lo largo de 28 folios carga contra los maltratadores de animales, defiende la importancia de los demás seres vivos para el bienestar humano, critica la pobre legislación española y afirma que la Administración va siempre a la retaguardia de los movimientos animalistas, verdaderos artífices de los avances sociales en esta materia. De Lara, que hace un exhaustivo repaso de las dispares normativas vigentes en las comunidades autónomas, considera una «gran asignatura pendiente» la inclusión del bienestar animal en la Constitución.
El creciente rechazo al maltrato animal, que ha ido calando con fuerza en la conciencia ciudadana, no se ve respaldado por un sistema legal que resulte operativo», asegura, por eso «son muy escasas las sentencias condenatorias a pesar de la duplicación de las denuncias por maltrato animal». Según ella, ni los juristas ni los cuerpos policiales están debidamente formados y sensibilizados, y es probable que esta perra que cayó literalmente volando a los pies de una viandante no se hubiera salvado si no fuese por el clamor vecinal, las informaciones en la prensa local y unas redes sociales que, según la magistrada, «ardieron» con este caso.
“Es una realidad indiscutible el escaso interés que hasta el momento se ha demostrado en España por el bienestar animal. Es uno de los países europeos que dispone de una de las legislaciones más relajadas”, afirma Pilar de Lara en su auto, “aun reconociendo los pequeños logros conseguidos en la última década por impulso de la normativa europea y, fundamentalmente, por la presión y lucha denodada, constante e inquebrantable de asociaciones animalistas y ecologistas”.
Ojalá esta actuación judicial sea un ejemplo a seguir por otros organismos públicos y conciencie a particulares y sanitarios de la obligación de preservar el bienestar animal.
La noticia de 15 de noviembre de 2017 se puede consultar en el siguiente vínculo.
